¿Por qué se eliminó la pesca industrial de arrastre en Venezuela? (1/2)

A escala mundial, es conocido que el exceso de barcos es causa del descenso de la productividad, la ineficiencia económica y la reducción de los ingresos de los pescadores. Por lo tanto, tener pesquerías sustentables propone un reto no sólo de biología y ecología, sino de gestión de procesos políticos y económicos y sustitución de estímulos perjudiciales, por otros que fomenten una administración pesquera responsable.

Bajo estas premisas y marco mundial, hace siete años que en Venezuela se promulgó la eliminación de la pesca industrial de arrastre. Esta pesca “arrastra” el fondo marino, con embarcaciones de una o dos redes, con el fin de capturar las especies que viven en él.

Esta pesquería se practicó en Venezuela desde finales de los años 40, básicamente dirigida a la pesca del camarón, y se llegó a realizar a lo largo de toda la costa. Desde el punto de vista económico, el camarón llegó a representar el principal rubro de exportación de productos agropecuarios de Venezuela, que llegó a ser el segundo exportador del mundo; mientras que los pescados, cangrejos y moluscos eran vendidos localmente. El suministro de pescado proveniente de la flota industrial de arrastre representó en el año 2006, el 9% de los desembarques de peces (13% de los peces marinos).

En esta actividad se capturaban de manera incidental una gran cantidad de peces y otros organismos marinos (conocida como fauna de acompañamiento del camarón) cuyo volumen variaba entre un 60 y un 70% de la captura total, los cuales en su mayoría eran devueltos muertos al mar, por carecer de valor económico, y solo un  pequeño porcentaje de esta fauna acompañante era aprovechada comercialmente.

Esta connotación biológica-pesquera se tuvo en cuenta para que en el año 2001, en la  promulgación de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, se estipulara en el Artículo 61 que las actividades de pesca industrial de arrastre sólo podrían realizarse a partir de una distancia de seis millas de la costa firme, y de diez millas de las áreas insulares; de esta manera se desplazaban las labores de pesca a mayores distancias y profundidades de las que se realizaban con anterioridad.

Cabe destacar que esta primera medida fue motivo principal de los constantes conflictos a nivel social y económico entre pescadores industriales y artesanales, que competían por las áreas de pesca, en perjuicio de los artesanales; que sufrían por la pérdida de artes y equipos de pesca, la excesiva competencia por los recursos pesqueros y la incursión ilegal de la actividad industrial de arrastre en zonas muy próximas a la costa.

Otro argumento de peso fue el conocimiento que entre junio de 1996 y abril de 1998, la flota industrial de arrastre había recibido un subsidio en el precio del combustible superior a los 7.000 millones de bolívares, a pesar de ser una flota sobrecapitalizada y una pesquería con evidentes síntomas de sobreexplotación, tal como refleja la Exposición de Motivos de la Ley de Pesca y Acuicultura promulgada en 2001.

En virtud de la frecuencia de las interferencias y la evidente ineficiencia de la flota industrial de arrastre, el  gobierno de Venezuela buscó detener la destrucción del hábitat del fondo marino y la pérdida de biodiversidad capturada como fauna acompañante.

Así mismo, se buscaba avanzar privilegiando lo social sobre los intereses económicos particulares, en función de la soberanía alimentaria, la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo sustentable; expresado esto en el reconocimiento y protección preferente de los pescadores y pescadoras artesanales, de sus tradiciones y derechos ancestrales. 

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